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CES In The News
 
LA Opinion
26 de Febrero de 2009

Inquilinos en aprietos por embargos
Miles en Los Ángeles han tenido que dejar sus apartamentos; la ley ofrece protección

Por Róger Lindo
 

Hasta ahora, uno de los efectos no mencionados de los embargos de viviendas, cuyos propietarios han caído en la insolvencia, tiene que ver con los miles de inquilinos de apartamentos que se están quedando en la calle como consecuencia de que los edificios donde residían están siendo embargados por los bancos.

Esto aparentemente está teniendo un impacto severo —y a largo plazo— en los multifamiliares protegidos por las normas de control de renta, pues al dejar las unidades —voluntaria o forzosamente— los propietarios pueden duplicar y hasta triplicar los precios de alquiler.

"Estamos hablando de más de 70,000 desalojos anuales; de todos éstos, el 40%-50% son por embargos", aseguró Juan Rodríguez, de Inquilinos Unidos, una organización de Los Ángeles que organiza a la población que renta para defender sus derechos.

Según el Departamento de Vivienda de la ciudad de Los Ángeles, entre enero de 2007 y septiembre de 2008, aproximadamente 1,190 propiedades multifamiliares, un total de 5,400 unidades habitacionales, fueron embargadas por los bancos por incumplimiento de pagos. En ese mismo período, 12,619 casas unifamiliares corrieron la misma suerte. El 23% de éstas eran ocupadas por personas que alquilan.

Rodríguez dijo que los embargos están teniendo un efecto erosivo en el parque de viviendas protegidas por la ordenanza municipal de control de renta. Inquilinos Unidos recibe 10 pedidos de ayuda diarios por parte de inquilinos a punto de ser desplazados por embargos de viviendas.

Uno de ellos es Margarito Aguilar, que paga un alquiler de 400 dólares por una pequeña habitación —baño y cocina compartidos— en Westlake/Pico-Union. A principios de enero, recibió una notificación de desalojo. La casa, pues se trata de una residencia sudvidida en 10 espacios, fue embargada por el banco después de que el propietario anterior cayera en la insolvencia.. En vez de hacer las maletas, dado que su salario de 10 dólares la hora como panadero no le da muchas opciones para alquilar en Los Ángeles a los precios de mercado actuales, Aguilar y los otros residentes del pequeño complejo decidieron pelear en los tribunales su derecho a quedarse.

Igual determinación adoptó Carla Alas, una residente de Panorama City, cuyo edificio de apartamentos cambió de manos a finales del año pasado. En vez de mudarse a otro sitio, como pedía el banco, Alas encontró apoyo en organizaciones como Fair Housing Council e Inner City Law Center. Abogados de esta organización están trabajando con Alas y otros dos residentes del multifamiliar para detener el proceso de desalojo.

Alas y sus dos hijos, de 14 y 18 años de edad, pagan 640 dólares por el departamento de dos recámaras en que viven desde 1995 gracias al control de renta. Ni pensar, dice ella, madre soltera, que vaya a encontrar rentas a ese nivel en otras partes. Ha investigado. Por una residencia de dos recámaras tendría que pagar de 1,200 a 1,400 dólares.

Las leyes de la ciudad de Los Ángeles establecen que ningún inquilino puede ser desalojado de su vivienda, dentro o fuera de un régimen de control de renta, aunque el edificio cambie de propietario. El desahucio sólo es legal, según el Departamento de Vivienda, cuando el inquilino deja de pagar la renta o causa perturbaciones al orden.

Además, es ilegal cortar los servicios a un inquilino. Ese departamento tiene un acuerdo con el Departamento de Agua y Energía (DWP) que protege la continuidad de sus servicios. Los inquilinos pueden contactarse con esa dependencia llamando al (213) 808-8888 para denunciar abusos e infracciones a las ordenanzas de vivienda.

"El problema es hacer que se cumplan las leyes. Los inquilinos tienen que ir a los tribunales, algo difícil si no tienes abogado o tiempo", opinó Sussie Shannon, de L.A. Coalition to End Hunger and Homelessness. Por eso, según ella, el parque de viviendas protegidas por control de renta pierde alrededor de 700 unidades cada año.

Larry Gross, director ejecutivo de la Coalición para la Sobrevivencia Económica (CES), que se dedica a defender a inquilinos sin recursos del área de Los Ángeles, dijo que el plan de vivienda (Homeowner Affordability and Stability Plan), recientemente anunciado por la Administración Obama, tiene que incluir disposiciones para defender a los que rentan, de lo contrario éstos quedarán a merced de los embargos.

Brian Sullivan, portavoz de HUD, respondió que no será hasta el 4 de marzo cuando se den a conocer las reglas de aplicación del plan.


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