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LA OPINION
Miércoles, 14 de agosto de 2002

Medida ayudará a cientos de inquilinos de Sección 8
Concejo aprueba moción para investigar si los dueños violaron las reglas

Victoria Infante,
Reportera de La Opinión

El Concejo Municipal aprobó ayer una moción que podría evitar que miles de inquilinos de bajos ingresos en Los Angeles sean desalojados de sus viviendas.

Con 14 votos a favor y ninguno en contra, el Concejo dio luz verde a la Procuraduría de la Ciudad para investigar si los dueños de varios edificios de apartamentos cometieron faltas a la hora de notificar a sus inquilinos del término de la Sección 8, un programa de subsidios de renta para familias de escasos recursos.

Con esta medida se evitará que los residentes de 237 apartamentos --ubicados en varias partes de la ciudad-- tengan que dejar sus viviendas el 31 de este mes, cuando concluye el programa de subsidios para estos inquilinos.

Ayer, varios de los afectados se presentaron en la reunión del Concejo para denunciar a los dueños que supuestamente han cometido las violaciones y pedir a los miembros que apoyen la medida.

Una anciana de 90 años dijo que hay residentes que viven en esos apartamentos hace más de 25 años, y que los propietarios los han hostigado desde hace meses para que dejen sus viviendas.

"Muchos de ellos son ancianos convalecientes", dijo.

Este cuadro no aparece con el artículo original

Franklin Campos, organizador del grupo Coalición para la Sobrevivencia Económica (CES), explicó que los dueños de los inmuebles están obligados por ley a enviar una notificación a los inquilinos, con un año de anticipación, indicando la conclusión del programa de subsidios. Pero que esto no significa que los residentes tienen que dejar el apartamento.

"Los que ya viven ahí tienen preferencia para quedarse... El problema es que muchos dueños dicen que no quieren los vales de la Sección 8", sostuvo.

Estos vales son otra forma de subsidio para las familias de bajos recursos. Con el programa de subvención, los inquilinos pagan sólo 30% de la renta regular del inmueble, y el gobierno federal cubre el resto. Una vez que las unidades dejan de pertenecer al programa, los dueños tienen la opción de aceptar o no los vales, conocidos en inglés como vouchers.

Campos dijo que la intención de los dueños podría ser sacar a los viejos inquilinos para meter nuevos y cobrar rentas más altas.

"No estoy cuestionando el derecho de las personas de quitar las unidades del programa; lo que estoy cuestionando es si el proceso de hacerlo es el correcto y si se está tratando a los inquilinos con justicia", dijo el concejal Ed Reyes, representante del Distrito 1.

Reyes resaltó que, tan sólo en el condado angelino, hay más de 11,500 unidades en riesgo de dejar de ser accesibles para las familias de bajos ingresos. Agregó que la mayoría de éstas (3,910) están en Los Angeles.

En la ciudad hay 50 mil inquilinos que reciben vales de la Sección 8, y hay una lista de espera de 80 mil, informó el concejal.

Cecilia Estolano, asistente especial de la Procuraduría de la ciudad, dijo que esta entidad está en espera de la aprobación del alcalde James K. Hahn para demandar a los dueños de los apartamentos.

"Esto es para forzarlos a que cumplan con la ley", explicó.

La demanda se sometería antes del 31 de este mes para evitar que los residentes de esas viviendas tengan que salir de sus casas.

Los apartamentos afectados están ubicados en los edificios LA Pro VI, del sur de la ciudad, Arminta North and South, de Sun Valley y One North Venice, de Venice.

Los propietarios de LA Pro VI y de Arminta North and South no estuvieron disponibles para dar a conocer su reacción y el dueño de One North Venice no pudo ser localizado.

"Este es el primer gran paso para que se preserven las viviendas accesibles y ojalá que sirva para que otros inquilinos no dejen sus viviendas", dijo Larry Gross, director ejecutivo de CES.

Nota de La Opinión


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